Colombia se adentró en una encrucijada decisiva para su panorama económico: la mesa de concertación entre el sector privado, las centrales obreras y el Gobierno Nacional iniciaron las negociaciones sobre el aumento del salario mínimo para el año 2024. Encabezada por los ministerios de Hacienda, Comercio y Trabajo, junto al Dane y Planeación Nacional, la discusión cobra especial relevancia ante la desaceleración económica que enfrenta el país.

El salario mínimo tiene como objetivo proteger a los trabajadores de remuneraciones injustamente bajas, buscando una distribución equitativa de los ingresos de las compañías. Sin embargo, con la inflación rondando las dos cifras este año, se plantea la necesidad de un aumento significativo para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

En las próximas reuniones se analizarán los datos del mercado laboral, el informe de la subcomisión de productividad y el contexto macroeconómico, a espera de la cifra de inflación que revelará el Dane el 7 de diciembre. El 15 del mismo mes es el primer plazo para llegar a un acuerdo y el 30 de diciembre es la fecha límite para expedir y publicar el decreto que definirá el salario mínimo y el auxilio de transporte.

Sebastián Chacón Marín, director y docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, enfatiza en que la necesidad de equilibrar elaumento del salario mínimo con la realidad inflacionaria es latente y advierte sobre los riesgos inflacionarios de incrementos desmesurados.

El experto anticipa un incremento superior al 10 %, dados los datos de inflación de los últimos meses: “Incrementos superiores al IPC en el salario mínimo pueden tener un efecto contrario en la economía en términos inflacionarios. Por ello, manejar el tema con precaución es esencial para evitar afectar a quienes más poder adquisitivo han perdido a lo largo de los años y no descuidar a los hogares más vulnerables».

También destaca que el debate debe contemplar la situación de los aportes para pensiones, señalando que «el cubrimiento de la vejez debe ser equitativo, evitando que el salario se vea afectado en términos reales. Esto se logra si hay un equilibrio entre empleadores y empleados para asegurar un retiro digno, especialmente en un contexto de alta inflación que puede empobrecer a la población». Propone que el Estado participe en el ahorro pensional y que los empleadores continúen con los aportes, siguiendo la legislación vigente.

El docente insiste en la importancia de considerar diversas perspectivas en la negociación, desde el empresariado hasta los sindicatos, pasando por los empleados y las visiones técnica, gubernamental y académica. Destaca que la voz de los sindicatos no representa a todos los empleados, e insta a revisar el impacto en el sector productivo y a analizar el aumento inflacionario en alimentos, que afecta principalmente a quienes reciben un salario mínimo y que experimentan bajos índices de crecimiento económico.

Sobre la propuesta de incrementar el salario mínimo a 2 millones de pesos eliminando cesantías, primas y vacaciones y que el empleado pague su seguridad social, el experto advierte que no lo ve viable ya que significaría un retroceso en los avances que se han logrado en términos de estabilidad laboral. “Las cesantías, las primas y las vacaciones no solo significan ingresos adicionales y por lo tanto la dinamización de la economía, sino que también contribuyen a fortalecer el talento humano, permitiendo la recreación y el desarrollo personal, lo que se ve reflejado en la productividad de los empleados”. Agrega que, en términos reales, esta propuesta disminuiría el poder adquisitivo de las personas.

Además, subraya la importancia de prestaciones como las cesantías, que actúan como seguro al desempleo, facilitando apoyo a la educación o la compra de vivienda. También destaca que las primas y vacaciones no solo proporcionan ingresos adicionales, sino que también impulsan la economía en periodos específicos del año.

“En medio de esta compleja negociación, donde se busca el equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la estabilidad económica del país, Colombia se enfrenta a un desafío delicado, donde la prudencia y la consideración de diversas perspectivas serán clave para encontrar una solución justa y sostenible”, concluyó.