Por: Nancy Patricia Gutiérrez – Cuando se expresa una idea, sin un análisis serio en lo económico, lo jurídico y en lo institucional, en realidad no se formula una propuesta, se lanza un globo. Se lanza para ver que piensa la ‘opinión pública’ y, sobretodo, la opinión ‘calificada’. Si al globo le disparan muchas críticas, termina por reventarse. Sí, por el contrario, el globo gusta, se va inflando, va creciendo, y termina convirtiéndose en proyecto y corre el riesgo de volverse realidad.
El problema es que se trata de un proyecto cuya fuerza radica en la adhesión de la opinión, y no tiene origen donde los proyectos serios deben nacer: en la planeación, en el análisis, en el examen del impacto y en la viabilidad. Y, fuera de eso, la opinión a la que se somete la idea termina moldeándola, con el peligro que en realidad el cambio propuesto originalmente termine siendo una modificación insustancial o algo decepcionante para aquellos a quienes generó expectativas.
Tomemos por ahora dos temas propuestos por el gobierno entrante: la eliminación de la Procuraduría, que se formuló sin sopesar todas las variantes que pueden determinar sus bondades, sus debilidades y las implicaciones que trae para el diseño institucional definido en la Constitución Política y necesaria para vigilar el cumplimiento de las normas, defender los intereses de la sociedad y para hacer control disciplinario a quienes ejercen función pública. Habría además que definir el alcance de la reestructuración, cuánta gente se quedaría sin trabajo y cuál es el costo para el patrimonio público.

La posibilidad de cambiar las funciones de la Procuraduría para convertirla en una Fiscalía Anticorrupción conlleva igualmente un diseño de la Fiscalía, porque no se entendería la creación de un órgano paralelo que dejaría traumatismo por duplicidad de funciones en las competencias necesarias para garantizar la investigación de los delitos asociados a la corrupción.
El otro tema la Reforma Tributaria, que aspira a recaudar 50 billones de pesos, necesario para respaldar el aumento del gasto social. Recibida la información técnica y alertas de voces expertas, de decantan las limitaciones que existen, derivadas del porcentaje de la deuda pública, del déficit fiscal y comercial, de la inflación, de la devaluación y de los factores externos que hacen mucho más riesgosa la toma de decisiones tributarias. Máxime cuando está claro que el mayor peso recaerá sobre las personas naturales, que en su mayoría pertenecen a la clase media, que realmente no tiene los niveles de riqueza sobre los que tanto se ha especulado.
El camino sobre el borde, de la idea de acabar con las exenciones, conlleva la revisión de estímulos en rentas laborales y a sectores productivos priorizados por el propio Presidente Electo, como el turismo y la transición eléctrica, y si, como se ha anunciado, no se toca el iva, pareciera según dicen algunos expertos, que no da el cálculo para el recaudo esperado.
Asumir el reto de gobernar va más allá del entusiasmo de la campaña, o de la perspectiva de una oposición sin información suficiente. En las siguientes semanas seguiremos en medio de debates y opiniones sobre los cambios propuestos, que sin lugar a dudas solo se aterrizará cuando se presenten al Congreso como Proyectos de Ley o de Reformas Constitucionales.
Los globos inflados que se mantienen requieren un seguimiento permanente, porque en el Congreso las mayorías también dependen de la opinión pública. Sí las voces calificadas dejan ver los peligros y los medios de comunicación posibilitan la difusión de análisis y críticas sensatas, se convierte en la estrategia democrática más importante para salvaguardar la estabilidad institucional del país.