Por: Nancy Patricia Gutiérrez – Columnista Invitada. Siendo la raíz de la corrupción el sistema electoral, no puede dejarse de lado la organización de las instituciones políticas que garantizan la democracia.

El presidente electo convocó un acuerdo nacional, para lo cual deben revisarse las propuestas de campaña, que apenas comienzan a ser aterrizadas en la realidad de cifras oficiales, análisis técnicos y, sobre todo, de impacto que generarían la estabilidad del país.

Las reformas de los sistemas de pensiones y salud, que se basan en la ampliación del Estado y la limitación del sector privado; la redistribución de la propiedad y el uso de las tierras, central en el discurso del sector agropecuario y de equidad; el freno a la actividad minero-energética para contribuir a la lucha contra el cambio climático; la necesidad de un mayor recaudo de ingresos tributarios, en garantía del gasto público requerido para cumplir promesas y la revisión de temas de paz y justicia hacen parte de la agenda.

En menos de una semana vimos el impacto negativo que se genero sobre la industria minero-energética. Los altibajos en el valor de Ecopetrol y de varias empresas extractivas con importantes actividades en el país demuestran que decisiones equivocadas pueden hacer daño irreparable a la economía y al empleo, y, por ende llevar al traste la intención de mejorar los programas contra la pobreza y la inequidad. Debe evaluarse la importancia que para las cuentas macroeconómicas del estado tiene el sector: cerca del 17% del total de ingresos de la nación viene de los impuestas de estas empresas y de los dividendos de Ecopetrol, las regalías representan uno de cada tres pesos de inversión de las entidades territoriales y generan la mayor inversión extranjera y del 56% del total de las exportaciones, lo que influye fuertemente en el valor del peso Colombiano y por tanto en la economía nacional.

La justicia será un tema de discusión que implica la institucionalidad para garantizarla. La creación de un tribunal internacional y de una fiscalía anticorrupción, diálogos con Eln, perdón social, revisión de la política antidrogas pasan por mirar los anteriores procesos de paz, los sistemas de justicia transicional, inpunidad, penas, sistema carcelario garantía de no usar la justicia como mecanismo para perseguir a la oposición. También, la extradición, el papel de la Policia Nacional en la lucha contra las drogas y hasta la estrategia operacional de las Fuerzas Militares, por cuanto se habló de revisar » el enemigo» del Estado y la política de seguridad nacional.

Siendo la raíz de la corrupción el sistema político- electoral, no puede dejarse de lado la organización de las instituciones políticas que garantizan la democracia. La falta de identidad programática, dineros ilícitos, violación de topes en campañas y la imposibilidad de un control efectivo, las transacciones que se hacen a la sombra de coaliciones entre más de veinte partidos políticos exigen una reforma de fondo. Sin acabar la pluralidad y garantizando la democracia interna, puede ser la oportunidad para eliminar el voto preferente y exigir a los partidos candidatos a elecciones uninominales, con programas serios que reflejen propuestas de gobierno y compromisos para sacarlas adelante.

Definido el modelo político de relacionamiento con el Congreso, que privilegió la contabilización de mayorías, no se debe repetir el modelo que convocó a » dialogar» a voceros del 50,21% de la población que voto por el ‘ No’ en el plebiscito de 2016 para cumplir con la lista de chequeo, pero sin la voluntad de aceptar propuestas, ya que la aplanadora del Congreso estaba garantizada modificar la Constitución y las leyes. No debería ser en esta oportunidad el mecanismo que garantice reformas, desconociendo a 30 millones de colombianos, para imponer un programa avalado por 11,3 millones, que fueron los votantes de Gustavo Petro.

Para el acuerdo nacional se requiere determinación de quienes ostentarán el poder.